La nueva orden ejecutiva de Trump y su impacto en la regulación de la inteligencia artificial
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva destinada a crear un marco de regulación nacional para la inteligencia artificial (IA), con el objetivo de reemplazar el actual mosaico de normas estatales. Sin embargo, expertos legales y startups advierten que esta medida podría generar un vacío jurídico prolongado, afectando el desarrollo de las empresas emergentes.
Detalles clave de la orden ejecutiva
La orden, titulada “Garantizando un Marco Nacional para la Política de Inteligencia Artificial,” encomienda al Departamento de Justicia formar un grupo de trabajo en 30 días para impugnar leyes estatales relacionadas con IA, fundamentando la regulación a nivel federal bajo el comercio interestatal. Asimismo, asigna al Departamento de Comercio la tarea de identificar leyes estatales consideradas “onerosa” en un plazo de 90 días, lo que podría condicionar la recepción de fondos federales por parte de los estados, incluyendo subvenciones para banda ancha.
Además, la Comisión Federal de Comercio y la Comisión Federal de Comunicaciones deben estudiar estándares federales que prevalezcan sobre normativas estatales. La administración también colaborará con el Congreso para promover una ley uniforme de IA.
Controversia entre regulación estatal y federal
Esta orden aparece en medio de una creciente disputa entre intentos estatales de regular la IA y la iniciativa federal para centralizar y limitar esas acciones. Mientras algunos legisladores defienden la intervención estatal para proteger consumidores y controlar empresas, otros consideran que una regulación fragmentada dificulta la innovación.
Sean Fitzpatrick, CEO de LexisNexis para América del Norte, Reino Unido e Irlanda, anticipa que los estados defenderán sus prerrogativas en tribunales, lo que podría escalar hasta la Corte Suprema.
Opiniones de expertos y startups
Michael Kleinman, del Future of Life Institute, califica la medida como un salvavidas para los gigantes tecnológicos que buscan evitar responsabilidades. Por su parte, startups y expertos como Arul Nigam de Circuit Breaker Labs y Andrew Gamino-Cheong de Trustible señalan que la ambigüedad legal perjudica especialmente a las pequeñas empresas que carecen de recursos para afrontar complejos procesos regulatorios.
Estos especialistas temen que la prolongada incertidumbre afecte la confianza en la IA, ralentice ventas y aumente costos legales y de seguros.
Expectativas hacia el Congreso
Mientras el gobierno federal intenta imponer un patrón único mediante esta orden, varios actores piden al Congreso actuar con rapidez para promulgar un marco jurídico claro, dirigido y basado en riesgos, que evite una batalla legal larga e improductiva.
En conclusión, aunque la iniciativa de Trump busca simplificar el panorama regulatorio de la IA en Estados Unidos bajo un solo libro de reglas, su implementación podría complicar temporalmente la situación legal de las startups y las inversiones, generando un limbo jurídico que sólo se resolverá cuando exista una legislación federal consolidada.
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